El Real Decreto 193/2023 marca un antes y un después en materia de accesibilidad universal en España. Esta norma, alineada con la Directiva (UE) 2019/882, establece nuevos criterios que garantizan la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad en el acceso a bienes y servicios disponibles al público. Pero, ¿qué implica exactamente? ¿A quién aplica? ¿Y cuáles son sus consecuencias?
¿Qué es el Real Decreto 193/2023?
El Real Decreto 193/2023, aprobado el 21 de marzo de 2023, regula los requisitos de accesibilidad que deben cumplir determinados productos y servicios disponibles al público, para garantizar el acceso y la utilización por parte de personas con discapacidad.
Surge como transposición de la Directiva (UE) 2019/882, también conocida como Directiva Europea de Accesibilidad, y desarrolla aspectos clave de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013).
Objetivos del Real Decreto 193/2023
Los principales objetivos de este Real Decreto son:
- Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y trato para las personas con discapacidad.
- Establecer condiciones para que bienes y servicios sean accesibles y utilizables en igualdad de condiciones.
- Impulsar la autonomía personal mediante entornos inclusivos.
- Eliminar barreras en la comunicación, el acceso a la información, y la interacción con productos digitales o físicos.
- Reforzar el cumplimiento de obligaciones ya existentes y crear un régimen sancionador eficaz.
¿A quién aplica?
El Real Decreto 193/2023 afecta a una amplia variedad de actores públicos y privados:
- Administraciones públicas, responsables de garantizar el acceso a servicios esenciales.
- Empresas privadas que ofrecen productos y servicios de consumo general.
- Entidades financieras, servicios de transporte, telecomunicaciones y comercio electrónico.
- Plataformas digitales, desarrolladores de software, proveedores de lectores electrónicos o cajeros automáticos.
En resumen, toda organización que ofrezca servicios o productos al público debe evaluar si su actividad entra dentro del ámbito de aplicación del decreto.
Principales obligaciones establecidas
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Bienes y servicios accesibles
Los productos y servicios cubiertos por el decreto deben:
- Poder ser usados, entendidos y manipulados por personas con diferentes tipos de discapacidad.
- Contar con alternativas accesibles (por ejemplo, subtítulos, audiodescripciones, lectores de pantalla compatibles).
- Aplicar el principio de diseño universal, evitando crear soluciones segregadas.
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Información y comunicación accesibles
- Documentación, contratos, formularios y páginas web deben ser accesibles digitalmente (cumplir con estándares como WCAG 2.1).
- Se deben utilizar lenguajes claros, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación si es necesario.
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Ajustes razonables
- Cuando no sea posible aplicar una solución universal, se deben hacer ajustes razonables individualizados para garantizar el acceso sin imponer cargas desproporcionadas.
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Medidas de acción positiva
- Se incentiva la adopción de medidas proactivas que favorezcan la plena inclusión (por ejemplo, formación específica, incorporación de intérpretes de lengua de signos o uso de perros de asistencia).
Plazos de implementación
- A partir del 28 de junio de 2025, todos los productos y servicios nuevos deberán cumplir con los requisitos del Real Decreto.
- Para productos o servicios ya existentes, se establecen plazos transitorios hasta el 28 de junio de 2030, con excepciones y flexibilidades específicas.
Régimen sancionador
El incumplimiento del Real Decreto puede derivar en sanciones económicas importantes, que van desde leves hasta muy graves según el daño causado y el nivel de intencionalidad.
Este régimen se articula con el de la Ley General de Discapacidad, y contempla tanto multas como la posibilidad de medidas complementarias (retirada de licencias, inhabilitación temporal, etc.).
Normativa complementaria
El Real Decreto 193/2023 no actúa de forma aislada. Se complementa con otras normas clave como:
- Ley General de Discapacidad (RDL 1/2013): marco normativo de referencia.
- Real Decreto 1112/2018: accesibilidad de sitios web y apps del sector público.
- Código Técnico de la Edificación y RD 505/2007: accesibilidad en la edificación.
- Orden TMA/851/2021: condiciones básicas en vivienda.
Conclusión
El Real Decreto 193/2023 representa un avance firme hacia una sociedad más justa e inclusiva. No se trata solo de cumplir una obligación legal, sino de construir un entorno donde todas las personas, con o sin discapacidad, puedan participar en igualdad de condiciones.
¿Eres empresa, profesional o simplemente ciudadano? Este decreto te afecta. Es momento de conocerlo, aplicarlo y contribuir al cambio.
Preguntas Frecuentes (FAQs)
Todos aquellos disponibles al público, como cajeros automáticos, páginas web, terminales de autoservicio, servicios bancarios, transporte, telecomunicaciones, libros electrónicos, tiendas online, entre otros. La accesibilidad debe garantizarse tanto en el uso físico como digital.
Las empresas están obligadas a garantizar que sus servicios y productos sean accesibles, implementar ajustes razonables y respetar los plazos de adecuación establecidos. El incumplimiento puede implicar sanciones.
El Real Decreto 193/2023 transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea 2019/882, armonizando los requisitos de accesibilidad a nivel comunitario y asegurando un mercado inclusivo en toda la Unión Europea.
Se activa el régimen sancionador de la Ley General de Discapacidad. Las sanciones varían según la gravedad, y pueden incluir multas económicas, pérdida de licencias o inhabilitación temporal para contratar con el sector público.
Incluye el Real Decreto Legislativo 1/2013 (Ley General de Discapacidad), el Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad web, el Código Técnico de la Edificación, el Real Decreto 505/2007 y la Orden TMA/851/2021 sobre viviendas accesibles.